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Del estudio se desprende que el 69 por ciento de las mujeres con discapacidad en Andalucía reconoce que no ha acudido nunca a una consulta ginecológica, que solo en 11 por ciento logra una titulación universitaria y que el 87 por ciento considera que, en algún momento de su vida, ha sentido su intimidad vulnerada por el sistema de salud . Estos son algunos de los datos obtenidos por la Federación de Asociaciones para la Promoción de la Mujer con Discapacidad LUNA Andalucía en el estudio Autodiagnóstico de la Situación de las Mujeres con Discapacidad en Andalucía, editado por la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía y presentado en Sevilla el día 26 enero 2012
La investigación parte de la premisa de que la interacción de uno o más factores discriminatorios como el género y la discapacidad, genera una situación específica que incide negativamente sobre la calidad de vida de estas mujeres.
Los datos extraídos ponen de manifiesto que el porcentaje de analfabetismo total entre las mujeres con discapacidad es del 10 por ciento mientras que el analfabetismo funcional se dispara hasta el 30 por ciento. Se concluye también que 6 de cada 10 mujeres con discapacidad solo ha superado el nivel de graduado escolar o ESO y que únicamente el 11 por ciento son licenciadas o diplomadas aunque la mayoría adquirió la discapacidad después de finalizar sus estudios superiores.
La sexualidad se ha abordado en el estudio a pesar de ciertas dificultades porque este tema sigue siendo tabú para una gran parte de la sociedad. Las mujeres con discapacidad denuncian que son consideradas asexuadas mientras que, hasta un 68 por ciento de ellas, se perciben sexualmente activas. En este sentido, llama la atención que 7 de cada diez mujeres con discapacidad física no ha acudido nunca a consulta ginecológica.
Por otra parte, en el ámbito de la salud, se desprende que existe una tendencia generalizada a atribuir de manera sistemática cualquier dolencia a la discapacidad. De esta manera muchas mujeres con discapacidad en nuestro país se encuentran desatendidas y no reciben el tratamiento necesario.
En cuanto al eje de empleo, cabe destacar que el 78 por ciento de las mujeres con discapacidad se encuentran en situación de desempleo y, de ellas, el 41 por ciento son consideradas inactivas, es decir, ni trabajan ni demandan empleo. De las mujeres con discapacidad que están empleadas, el 26 por ciento trabaja sin contrato.
Es reseñable, en cuanto a su grado participación social que, el 40% de las mujeres entrevistadas, destaquen el hecho de que los lugares de ocio y las actividades de tiempo libre disponibles en su entorno no son accesibles o que el 39 por ciento no tenga acceso a Internet.
Otra de las realidades que han quedado al descubierto es que para las mujeres con discapacidad la importante lucha feminista por la legalización de la píldora anticonceptiva o por la legalización del aborto, por ejemplo, debe ponerse en la misma línea de reivindicación que sus demandas por las garantías al libre ejercicio del derecho a la maternidad así como la prohibición absoluta y sin restricciones de las esterilizaciones forzadas. Entre las mujeres con discapacidad entrevistadas se ha detectado que, al menos el 31 por cientode ellas, han sido víctimas de algún tipo de violencia a lo largo de su vida.
De forma paralela al estudio, a medida que se iban conociendo los datos, la Federación LUNA Andalucía ha priorizado el trabajo con mujeres gravemente afectadas, mujeres de ámbito rural y mujeres con movilidad reducida. Asimismo, ha comenzado la dinamización de las mujeres participantes en el programa, creando grupos de mujeres desde los que se interviene en todos los ejes del estudio. Desde una menor intervención, hecha en materia de ocio y tiempo libre, hasta la mayor, realizada mediante la creación de grupos de autoayuda.
El hecho de que en la primera fase del estudio un 54 por ciento de las mujeres demandara atención psicológica debido a causas como la baja autoestima o las situaciones de violencia de las que eran objeto, ha llevado a LUNA a incorporar en las 8 provincias de la comunidad andaluza gabinetes de atención psicológica individual y grupal.
